El país ha sufrido muchos trances terribles en materia económica
a lo largo de su historia contemporánea, pero al que vivimos actualmente se le
añaden piedras en los bolsillos: el costo político y la ideología.
Precisamente fue el miedo al costo político el que hizo sus más
costosas jugadas a fines de 2012. Hugo Chávez llegaba a su última reelección en
octubre de 2012 a sabiendas de su condición física y del estado real de las
bases económicas que sostenían al país y, todavía así, durante la campaña
electoral pisó el acelerador del gasto público, sacó a la calle bolívares a
toda costa (con respaldo real o de monopolio) para ratificar su casi seguro
triunfo sin que mucho se hiciera desde sus filas de Gobierno para adelantarse y
enfrentar las consecuencias de tales acciones.
Hoy, casi un año después, Venezuela es una galleta crujiente
a punto de quiebre.
Aunque el petróleo, principal fuente de ingresos de la
nación y, obvio, de todos los venezolanos, se ha mantenido sobre un histórico
precio promedio que permite obtener 100 dólares por cada barril que Pdvsa vende,
tal nivel no alcanza para sostener las necesidades de recursos de todo el país.
Cada uno de esos dólares debe ser cambiado por Pdvsa al tipo
de cambio oficial de Bs 6,30. Es decir, que Pdvsa solamente percibe 6,30
bolívares por cada dólar que obtiene y, con esos bolívares, debe hacer frente a
sus gastos propios, a sus inversiones y a todos los compromisos que el modelo
revolucionario le endosó: viviendas, industrias, agro, mercados de alimentos,…
Los bolívares no le alcanzan.
En buena medida es por esto que se ha recurrido a la asistencia
financiera de China para adelantar algunos planes de inversión, que Pdvsa ha
acudido a sus socios para que le financien su parte en los proyectos petroleros
conjuntos, que ha crecido la deuda interna (tras un significativo incremento de
las acreencias externas) como una forma de hacer frente a los compromisos del
Estado dentro del país, y que se hacen constantes manejos poco claros para
mover fondos fuera del presupuesto ordinario (es decir, fuera del aprobado por
el Parlamento, del que es repartido entre las regiones y del que está sujeto a
rendición de cuentas). Todavía así, los recursos no alcanzan para sostener el
país.
Papelillos
Por decisiones políticas y económicas Venezuela se ha
llenado de bolívares. Un montón de billetes metidos en el corral del control
cambiario. Muchos, casi todos, llegamos a tomar una tajada de esa oferta de bolívares,
pero con los contratiempos de que tal saco de dinero cada vez compra menos en
el abasto y de que su valor se empobrece más mientras se hace la cola para
comprar bienes escasos, ya sea papel higiénico o dólares.
Tras años de controles y distorsiones el Estado ha llegado a
tener que repartir con gotero cada dólar a la paridad oficial de Bs 6,30: una
porción entre la mermada industria nacional -para que pueda importar materia
prima y producir-; otra entre los importadores para traer del exterior bienes
terminados -que ya no se hacen en nuestras tierras-; y otras tantas para que la
misma República importe lo necesario, atienda los pagos de deuda y demás
necesidades propias de un país económicamente activo.
Se trata de una nación donde la crisis es tal que el mismo
Estado, aunque lo niegue, alimenta a diario el temerario negocio ilegal de las
divisas y lo subsidia. Quien alcanza a poseer un dólar a Bs 6,30 entregado por Cadivi
sabe que en minutos encontrará a alguien dispuesto a comprárselo por casi seis
veces ese valor. Se trata de un negocio demasiado lucrativo y, por ello,
creciente.
Se tranca la rueda
Por una razón o por otra, Venezuela se enfrenta casi que
cada año a un proceso comicial lo que, como lastre, suele traer retrasos en las
decisiones económicas, así como recurrentes prácticas populistas y discursos
cargados de ideología “socialista”.
Esos procesos electorales siempre hacen que la balanza privilegie
el costo político sobre el eventual beneficio de una determinada medida de
interés nacional. O sea, pesa más el miedo a perder elecciones que el temor a
llevar al país al barranco. Hay elecciones, otra vez, el 8 de diciembre de este
año.
Pero con la ausencia de Hugo Chávez, tras su muerte a
inicios de 2013, el asunto ideológico ha logrado engordar más al momento de medir
opciones, recoger errores, palabras y promesas. De hecho, aunque el aumento de
los precios ronde la tasa de 40% anual, la escasez de productos básicos esté en
20% (dicho por el propio Estado), aunque falle el sistema eléctrico, decline la
producción petrolera, caiga la manufactura local y los ilícitos de toda índole
estén a la orden del día, las decisiones correctivas de fondo nunca se toman.
Se postergan, se disfrazan. El país lleva ya un año así.
En el discurso ideológico del socialismo del Siglo XXI, que Chávez
no terminó de modelar, se ha tildado de enemigos a los empresarios, a los potenciales
inversionistas, a la banca, a los medios de comunicación, a quienes tienen una
posición política distinta, a las universidades autónomas, y a un largo
etcétera, lo que hace pensar que es imposible cualquier acuerdo entre todos estos
sectores del país y el Gobierno para hacerle frente a la crisis, aunque se
trate de un acuerdo lógico y de una muestra de madurez política para garantizar
la estabilidad, que a todos conviene, mientras se regresa al equilibrio
económico.
Sin un liderazgo político e ideológico real desde las filas
de quienes manejan el poder, es lógico pensar que el triángulo se abre ante
nosotros sin que algo se resuelva entre crisis económica, costo político e
ideología.
Veremos.
